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Ver indicadores del día y serie histórica del BCChEn conversatorio realizado en el Ministerio de Hacienda y organizado por AIPEF, los periodistas Ascanio Cavallo y Rocío Montes, autores del libro “La historia oculta de la década socialista (2000-2010)”, dieron a conocer diversos aspectos del trabajo de investigación que les tomó 7 años hasta la publicación.
Tras la reciente publicación de “La historia oculta de la década socialista (2000-2010)”, de los periodistas Ascanio Cavallo y Rocío Montes, estos profesionales participaron en un conversatorio con un grupo de reporteros, comunicadores y estudiantes de Periodismo, revelando varios detalles del largo proceso de investigación para lograr obtener información inédita de significativos momentos de la historia ocurridos durante los gobiernos de Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010).
La reunión organizada por el Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF Chile, se realizó en el auditorio del ministerio de Hacienda.
En su libro, Cavallo y Montes van relatando detalles de ambos gobiernos y entretelones de los momentos más difíciles de la gestión de ambos mandatarios socialistas, comparando estilos y visión personal de Lagos y Bachelet frente a la temática económica y social. Con cientos de entrevistas a exautoridades de ambos gobiernos, políticos, abogados y economistas, entre otros profesionales lograron establecer un documento de valor documental, que también forma parte de la saga que también conforman los libros de Ascanio Cavallo “La historia oculta del régimen militar”, “Los hombres de la transición”, “De la Utopía al Estallido” o “Golpe 11 de septiembre 1973: las 24 horas”.
El periodismo de investigación y sus implicancias para los profesionales de la prensa mantuvo la misma intensidad desde la introducción realizada por los autores del libro hasta el término del conversatorio caracterizado por el interés de los asistentes en casi dos horas de preguntas y respuestas, que cerraron con un fuerte aplauso.
Teresa Espinoza, presidenta de AIPEF Chile, fue la encargada de moderar el conversatorio, tras explicar el principal objetivo de AIPEF, cual es trabajar por la capacitación profesional de los periodistas, no sólo en el aspecto económico, sino que también en todos aquellos temas que se relacionan con el quehacer de esta profesión, ya sea a través de seminarios, talleres, cursos y becas de posgrado en convenio con las Universidades Católica y Adolfo Ibáñez.
Hoy se realizó la cuarta y última charla del ciclo de capacitación para periodistas organizado por AIPEF y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para analizar la normativa ambiental aplicable a los proyectos de inversión en las distintas etapas de su ciclo de vida. El encuentro de hoy, a cargo del Fiscal (s) de la Superintendencia, Benjamín Muhr, se refirió a las medidas provisionales que puede adoptar la institución en caso de afectación de la salud de las personas o del medioambiente, y también a los Requerimientos de Ingreso al SEIA de proyectos que no se han evaluado, debiendo hacerlo.
“La potestad cautelar, en el caso de las medidas provisionales o urgentes y transitorias, sirve para proteger, mientras dure el procedimiento administrativo, la salud de las personas o daños al medio ambiente”, explicó el Fiscal. Las medidas que puede adoptar la SMA son diversas, y van desde medidas temporales de corrección, sellado de aparatos y equipos, a ordenar programas de monitoreo específico. Todas estas las puede adoptar la Superintendencia.
Ahora bien, cuando las medidas son más lesivas, éstas requieren consultarse al Tribunal Ambiental, como lo son “las clausuras temporal, parcial o total de instalaciones; hasta la suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental”, explicó Muhr.
Agregó que estas resoluciones se pueden dictar en cualquier etapa del procedimiento administrativo por impactos puntuales de distinta complejidad, citando el caso de alarma pública provocada en junio pasado por episodios de contaminación aguda en el complejo Quintero-Puchuncaví que llevaron a atenciones masivas de la población para atención en centros hospitalarios. Recordó que los episodios se produjeron por distintas situaciones —un primer día por superación de la Norma de SO2 y luego, asociado a Compuestos Orgánicos Volátiles (COVS)—. En este caso, la SMA debe identificar el tipo de contaminación y los agentes que la provocan para tomar sus decisiones de cómo actuar y por cuánto tiempo, en un plazo muy acotado, pues lo que se requiere es evitar un mayor riesgo a la salud de la población.
En segundo lugar, Muhr abordó la potestad correctiva de la SMA. Esta se relaciona a las denuncias de muchos proyectos que comienzan su ejecución, sin contar con una adecuada evaluación ambiental, por lo cual la institución puede requerir su ingreso al SEIA. Aclaró que incluso cuando un proyecto haya consultado sobre si está afecto a Evaluación Ambiental —mediante pertinencia— y la respuesta haya sido negativa en un momento, las condiciones pueden cambiar y luego sí estar afectos a esta normativa.
Sobre los loteos de “parcelas de agrado” que se han cuestionado en las últimas semanas, Muhr explicó qué tipo de proyectos están afectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el caso de proyectos que se ubican fuera de zonas con Instrumentos de Gestión Territorial, deben evaluarse los que tienen más de 80 viviendas o infraestructura sanitaria que atiende a más de 160 personas, entre otros.
En el caso de loteos en zonas rurales (parcelas de agrado), aunque no se vendan con las viviendas construidas, si “contemplan” la construcción de las mismas en el futuro, igualmente pueden tener obligación de ingreso al SEIA. En muchos casos se agrega infraestructura como caminos, plantas de tratamiento de aguas, alumbrados, club house. Agregó que las municipalidades pueden hacer parte de los procedimientos de la SMA cuando estiman que los agentes inmobiliarios están eludiendo la normativa ambiental. De hecho, mencionó que en varios casos, son las municipalidades quienes presentan las denuncias ante la SMA.
En el siguiente link se pueden ver los requerimientos de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): https://snifa.sma.gob.cl/RequerimientoIngreso
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Hoy 29 de septiembre se realizó la tercera charla del ciclo de capacitación AIPEF-SMA abordando distintos aspectos del proceso sancionatorio en los proyectos de inversión, desde la formulación de cargos hasta la sanción. La capacitación, en formato online, estuvo a cargo del Superintendente (s) Emanuel Ibarra y contó con una gran asistencia de público y múltiples preguntas.
La autoridad explicó que, por recomendación de la OCDE en 2008, las multas hoy pueden llegar a a 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $7.300 millones por cada infracción gravísima. monto que antes de la actual norma, no superaban los 23 millones. La Ley permite incluso revocar permisos otorgados por incumplimientos reiterados.
“El mundo empresarial ha sido más reactivo que proactivo en estas materias” explicó la autoridad, quien recalcó que al organismo que encabeza, le interesa más que multar o revocar permisos, lograr Programas de Cumplimiento, por parte de las empresas sancionadas para mejorar sus faenas y su comportamiento ambienta. Esta vía permite compensaciones reales al medioambiente dañado, en los territorios afectados, lo que no sucede con las multas que son de beneficio fiscal”, sostuvo.
“La vinculación de las empresas con las comunidades cercanas se hace cada vez más relevante en la sustentabilidad de las operaciones, por ello, en varios Programas de Cumplimiento, hoy se establece el monitoreo participativo de las comunidades aledañas a los proyectos”, agregó.
También comentó que se encuentra en trámite en el Congreso un proyecto, que busca que los proyectos anteriores a la normativa vigente, se evalúen ambientalmente, logrando una “adecuación” a la normativa ambiental, tal como ocurre hoy en Perú por ejemplo. “Con el estado actual de cosas sucede que faenas antiguas, cualquiera sea la industria, quedan fuera del ámbito de supervisión de la SMA”, explicó Ibarra. No obstante, la SMA sí puede fiscalizar estos proyectos más antiguos, cuando hay instrumentos ambientales que les aplican, sin importar su antigüedad, como es el Plan de Descontaminación de Concón, Quintero-Puchuncaví, zona donde además aplica la Norma de Fundiciones a Codelco y la Norma de Termoeléctricas a las generadoras.
En cuanto a los sancionatorios, Ibarra explicó que el mayor número de casos va de la mano de las denuncias medio ambientales, las que se triplicaron en 2021 (6.000 en total) respecto del año anterior. Las quejas se refieren principalmente a ruidos y olores molestos, donde se concentra la mayor cantidad de sancionatorios.
La SMA tiene 17 mil unidades fiscalizables en todo el país y en variadas industrias. En total, son alrededor de 80 fiscalizadoras y fiscalizadores los que deben atender las inspecciones programadas, las que proviene de denuncias o por contingencias ambientales. La aplicación de tecnología remota y estadísticas es vital para cumplir con tan amplio catálogo de supervisados.
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El seminario, moderado por el editor económico de CNN Chile y director de AIPEF, Nicolás Paut, contó con la participación de Natalia Aránguiz, ex economista del Banco Central y gerente de Estudios en AureaGroup; Hugo Aravena, asesor independiente y presidente de CFA Society Chile, y Renzo Vercelli, vicepresidente de Inversiones SURA.
SANTIAGO, 28 de septiembre 2022.- Si bien el resultado a favor del rechazo fue una fuerte señal hacia el mercado nacional, la incertidumbre va a estar presente hasta que concluya el proceso de reformas legislativas y se cierre el tema constitucional, señaló Natalia Aránguiz en el seminario SURA - AIPEF donde tres expertos analizaron el panorama económico y de las inversiones.
En el evento, titulado “¿Cómo invertir en un escenario de alta inflación?”, la Gerenta de Estudios AureaGroup, Natalia Aránguiz, afirmó que, en materia económica, este ha sido un muy mal año a nivel mundial, “trágico para los mercados”. Explicó que los commodities y el oro en particular ya no son tan atractivos y que el dólar se ha convertido en el principal refugio para los inversionistas.
Sobre nuestro país, a su juicio, la intervención cambiaria del Banco Central fue muy eficiente para moderar la volatilidad de la moneda norteamericana, señalando que, más que el precio alto, lo complejo para las economías son las fluctuaciones del tipo de cambio.
Al mismo tiempo, Aránguiz alertó sobre lo que denominó las “dos almas” que subsisten en el Gobierno advirtiendo que es importante resolver cuanto antes las incertidumbres en materia política puesto que el mercado se mueve sobre la base de expectativas.
Por su parte, el vicepresidente de Inversiones SURA, Renzo Vercelli, se refirió a las tendencias de inversión que han marcado la pauta desde octubre de 2019 a la fecha. “Las personas empezaron a preocuparse más de la protección de sus ahorros y, al mismo tiempo, vieron el valor de diversificar sus inversiones, buscando alternativas fuera de Chile, proceso que se está revirtiendo durante los últimos meses.
Muchos inversionistas que se fueron a Estados Unidos, hoy están retornando, volviendo la mirada a la renta fija, a los depósitos a plazo y a los fondos estructurados. Los activos alternativos que apuntan más al largo plazo también se están convirtiendo en opción, “por ejemplo en SURA hemos creado en los últimos do años cuatro programas de activos alternativos, los que tienen un crecimiento exponencial”, dijo.
“En SURA hoy tenemos 20 fondos de activos alternativos, 17 de ellos han sido disponibilizados en los últimos 18 o 20 meses. Tenemos un modelo de arquitectura abierta, por lo que hemos comercializado otras alternativas tanto para dineros on shore - ahorros que tienen las personas en Chile - como off shore, que son cuentas que uno puede abrir fuera del país. Ya tenemos 250 millones de dólares en 2.800 clientes", destacó Vercelli.
Por su parte, el presidente de CFA Society Chile, Hugo Aravena, compartió lo dicho por sus pares y señaló que “este proceso inflacionario alto no va a ser tan rápido en su convergencia y en ese sentido, los activos reales, y el mundo de los activos alternativos también, suelen tener mejores desempeños”.
Al entregar recomendaciones concretas a las personas, la renta fija apareció como la alternativa más rentable. “En el corto plazo, en renta fija hay pocos instrumentos en UF y algunos más en pesos, pero no hay mucho de donde seleccionar. Un período de dos años es razonable porque hay más instrumentos”. Agregó que la renta variable es una alternativa buena, “pero me iría en países desarrollados, no entraría en lo local” y sostuvo que hay ver qué ocurre con la reforma de pensiones para saber el destino de nuestra Bolsa local.
Los especialistas coincidieron en que a la hora de invertir para las personas es importante considerar el perfil y aversión al riesgo de cada cual; los impuestos involucrados y el plazo en que se requieren los retornos. A nivel de retail las consideraciones son distintas pero siempre son relevantes los objetivos para los cuales se requiere el dinero invertido, afirmaron.
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La instancia forma parte de un trabajo conjunto entre ambas instituciones, que apunta a fortalecer el conocimiento de conceptos e instrumentos estadísticos entre periodistas, y fue moderada por la especialista en materias laborales y periodista del Diario Financiero, Carolina León.
“La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), manteniendo su esencia, evoluciona en paralelo a los cambios de la sociedad para seguir siendo un instrumento relevante para la toma de decisiones de la política pública. Es así como hoy incorpora variables de género, migración, jóvenes, empleo, trabajo virtual y por turnos”. Así lo expuso la economista Verónica Huaracán Riveros, jefa del subdepartamento de Estadísticas Continuas del Trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas en la segunda sesión del ciclo organizado por la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) y el INE, y que busca capacitar a los periodistas del sector.
La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) se realiza desde el trimestre enero-marzo de 2010, y es una encuesta a hogares que se aplica en viviendas particulares ocupadas, con representatividad a nivel nacional y regional. Clasifica y caracteriza a todas las personas en edad de trabajar (15 años y más), según su situación en el mercado laboral, identificando a quienes están dentro de la fuerza de trabajo (ocupados y desocupados) y aquellas personas que están fuera de la fuerza de trabajo, comúnmente conocidos como inactivos.
“Tal vez la característica más destacada de la Encuesta Nacional de Empleo sea su carácter continuo, pues implica un levantamiento permanente de información, tanto presencial como telefónico durante todo el año, en todas las regiones del país; siempre con estimaciones respecto a un trimestre móvil”, señaló.
Asimismo, Verónónica Huaracán mostró las distintas opciones de la plataforma del INE para extractar datos mensuales o por series en materia de empleo, lo que representa un importante activo para que los periodistas puedan construir informaciones originales. Por ejemplo, mostró cómo ha evolucionado la tasa de ocupación desde el peor momento de la pandemia, alcanzando en la actualidad al 7,9% (trimestre mayo-julio), mientras que el mismo indicador para la población extranjera es de 6,7%. La población en edad de trabajar hoy en Chile es de 16.082.690 personas y la que se ubica dentro de la fuerza de trabajo asciende a 9.610.900 personas.
La próxima sesión del Ciclo de Charlas INE – AIPEF se realizará durante el mes de noviembre, y se abocará a clarificar las estadísticas económicas que produce el INE, sus metodologías y principales usos.
Revisa la exposición de Verónica Huaracán sobre estadísticas del trabajo, aquí:
Hoy se realizó la segunda charla del ciclo de capacitación SMA-AIPEF para abordar distintos aspectos de la normativa ambiental aplicable a los proyectos de inversión en las distintas etapas de su ciclo de vida, a cargo de Rubén Verdugo, Jefe de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Según explicó el especialista, la SMA tiene 17 mil unidades fiscalizables en todo el país y en variadas industrias. En total, son alrededor de 80 fiscalizadoras y fiscalizadores los que deben atender las inspecciones programadas por año (40% del total) y las que proviene de denuncias o por contingencias ambientales (60%). Por ello, explicó que hoy la SMA tiene una estrategia de trabajo apunta al uso de tecnología –fiscalización remota, por ejemplo–; la cual permite una mejor gestión de los recursos intentando anticiparse, lo cual también posibilita tener una mirada de contexto para observar los cumplimientos.
También se busca estimular modelos de compliance y transparencia por parte de las empresas, agregó, señalando que “la transparencia de los procesos por parte de las empresas es fundamental para eliminar posibles desconfianzas de las comunidades”.
La charla abordó los grandes proyectos y explicó el modelo de Fiscalización Ambiental Estratégica que lleva a cabo la Superintendencia. En el área minera, dijo, se pueden revisar los posibles impactos por el tipo de proyectos: en el caso de la mina o rajo, la fiscalización se refiere principalmente a la emisión de material particulado, uso de las aguas. En el caso de los tranques de relave, hay dos ejes fundamentales: fiscalización de la estabilidad física y química. En el área de puerto, donde se embarca la producción, el eje ambiental está en el ambiente acuático, calidad de agua marina, sedimentos y manejo de Material Particulado.
En cuanto a los proyectos energéticos, dio algunos ejemplos respecto al tipo de generación. En el caso de las termoeléctricas, el foco está en la normativa especial asociada a las emisiones, mientras que en el caso de la eólica, la fiscalización se enfoca en los ruidos, los que han sido muy denunciados por las comunidades cercanas; mismo tema que afecta a las líneas de transmisión.
Verdugo explicó que desde que se abrió la posibilidad de denuncias online, hace poco más de un año, estas se han triplicado. El 61% de ellas se relacionan con ruidos y olores molestos, lo que a su juicio, tiene que ver con la falta de planificación territorial de las ciudades y también con que los umbrales de tolerancia de las personas han cambiado en los últimos años.
Finalmente, respecto de los desafíos de la fiscalización de la SMA citó la profundización de la mirada territorial, de la visión de riesgo, el incentivar el compliance ambiental y la transparencia de las operaciones, donde la vinculación de las empresas con las comunidades cercanas se hace crucial en la sustentabilidad de las operaciones.
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Una charla para explicar la normativa ambiental de los proyectos de inversión y el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en el marco de la institucionalidad vigente en el área ofreció hoy el Fiscal (S) de la repartición Benjamín Muhr.
Explicó que los cuatro principales actores del sector son el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia y los Tribunales Ambientales y que los instrumentos de gestión de la SMA son los siguientes:
Las fiscalizaciones implican inspecciones, mediciones y análisis, los que a veces se realizan en terreno y otras a través de la revisión de la documentación de los proyectos, que deben entregar a través de su seguimiento ambiental establecido en sus RCA. Para dar cumplimiento a la fiscalización la SMA cuenta con oficinas y personal en cada región y posee patrimonio propio. También puede subprogramar actividades con otros servicios públicos con competencia ambiental y contratar a Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) para la toma de muestras.
Asimismo, señaló que cualquier persona puede realizar una denuncia ante la SMA y que, debido a la posibilidad de hacerlo en formato online desde hace poco más de un año, éstas se están triplicado anualmente. En 2020 se recibieron 1.870 denuncias, mientras que en 2021 cerca de 6.000.
El ciclo de charlas SMA-AIPEF está presupuestado con cuatro encuentros durante agosto, septiembre y octubre. La próxima charla tendrá lugar el 1 de septiembre, también a las 9 de la mañana, y tratará la “Fiscalización de grandes proyectos: los casos de la industria minera y energética”, a cargo de Rubén Verdugo, jefe de la División de Fiscalización de la SMA.
Revisa la charla del Fiscal Muhr aquí:
Por segundo año consecutivo, AIPEF y el INE realizan un ciclo de capacitación para periodistas. La charla de hoy estuvo a cargo del Subdirector Técnico del INE, Leonardo González Allendes, quien revisó los principales productos del Instituto en materia demográfica y las estadísticas económicas y del mercado del trabajo. El encuentro de hoy fue moderado por nuestra Presidenta, Teresita Espinoza, Subdirectora del DF.
Por ejemplo, explicó cómo ha ido cambiando la “pirámide” de edad de la población chilena, la que claramente está envejeciendo y demandará nuevas políticas en materia laboral y de salud. Al mismo tiempo, presentó la estructura de la población migrante, que es mayoritariamente más joven y con más educación, señaló, resaltando que de los 1.463.103 inmigrantes catastrados, el 48% tiene entre 25 y 39 años y que el 30% proviene de Venezuela.
Agregó que la producción de datos en Chile es de buen nivel –sigue estándares OCDE y de organismos especialistas en la materia– además que es clara y oportuna; también han incorporado nuevas necesidades de información, en materia de género y de regiones, afirmó.
Sobre los espacios para avanzar dijo que se puede profundizar en los registros administrativos del propio Estado, integrando la información de los distintos organismos, como lo hace los países nórdicos, donde existe una fuente rica de datos que permite contar con estadísticas de muy buena calidad y prácticamente en línea. Por ejemplo, citó el caso de Fonasa que tiene una base de datos con el 80% de la población chilena; y que algo similar ocurre con el Ministerio de Desarrollo Social y con algunos organismos que manejan datos del trabajo y de previsión.
“Existe una ley de secreto estadístico que nos permite recibir datos pero nunca entregarlos, solo lo hacemos con fines de caracterización, nunca para dar información de una persona en particular”, explicó.
Por último advirtió que la actual normativa que rige al INE data de 1970, la que es necesario actualizar para incorporar los nuevos criterios y demandas de información.
Revisa la charla completa aquí:
La Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF Chile), en conjunto con el Centro de Estudios Tributarios (CET), dependiente de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile organizaron un ciclo de tres charlas –14, 19 y 21 de julio– para explicar la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno al Parlamento a través de cuatro proyectos.
El primer expositor fue el director del CET, el abogado y Director del CET Gonzalo Polanco, quien se refirió al impacto de la Reforma en las empresas: tasas de impuestos, rebajas por I+D; los conceptos de integración y desintegración, el tratamiento de dividendos y pérdidas tributarias, la tributación de las Pymes, la renta presunta y el tratamiento de los Fondos de Inversión Privados.
Ante consultas de los periodistas asistentes afirmó que el objetivo de la Reforma Tributaria de recaudar el 4,1% del PIB es muy desafiante ya que los supuestos de crecimiento no necesariamente pueden cumplirse; no está claro dónde se producen los grandes focos de evasión, y los actores y las inversiones pueden cambiar ya que normas como la propuesta son lentas de tramitar e implementar.
Ante la pregunta sobre las razones de la propuesta de transitar hacia un sistema desintegrado, dijo que en el mundo no hay consenso ni una experiencia concluyente aun cuando él es partidario de desintegrar. “Tiene ventajas, pero también hay dificultades por los tratados con otras naciones para eliminar la doble tributación”, además que en muchas normas existen resabios de sistemas anteriores donde el sistema tendía a la integración.
La segunda clase estuvo a cargo del abogado Alberto Cuevas quien se refirió al efecto de la Reforma en los Impuestos a las Personas. Específicamente tocó temas como las modificaciones a los tramos del Global Complementario; deducción de intereses por crédito hipotecario, deducción de gastos por labores de cuidado, tratamiento de los DFL2, tratamiento del mayor valor en la venta de acciones e impuestos a los altos patrimonios.
Según explicó, las normas propuestas por el Ejecutivo centran los estímulos más en un fin recaudatorio (que de fomento a la inversión), al tiempo que indicó que independiente de si las reformas son adecuadas o no para los objetivos diseñados, cuatro reformas en diez años, muchas de ellas inspiradas en distintas corrientes, es complejo para los contribuyentes, para las metas de recaudación y para el crecimiento del país.
Según señaló, las normativas tributarias incluyen articulado transitorio, los que en muchos casos no se han alcanzado a aplicar, por lo que resulta imposible analizar si su implementación fue o no exitosa. A su juicio, el mejor camino sería mantener una reforma en el largo plazo.
El profesor Víctor Villalón fue el encargado de cerrar el ciclo para entender la Reforma Tributaria. Académico y ex Subdirector de Fiscalización del SII, el especialista se refirió a los paraísos fiscales, prácticas de elusión y evasión, así como respecto de ventajas tributarias que a veces se sobre utilizan por parte del contribuyente. También abordó las figuras del denunciante anónimo, la prescripción y la eliminación del uso de los tribunales tributarios para ciertos casos.
Agregó que algunas materias relevantes no fueron consideradas en esta reforma, “como las reglas sobre las transferencias indirectas en el extranjero y ciertas normas que aun hacen primar la forma sobre el fondo y que pueden atentar contra la integridad del sistema tributario en el contexto actual de las demandas sociales”.
Según indicó, “la moral tributaria se ha ido deteriorando en los últimos años en Chile, lo que le resta integridad al sistema. En las últimas reformas el foco ha estado centrado más en la recaudación que en las normas anti elusión y anti evasión y en la propuesta actual hay novedades relevantes para atacar el problema”.
También se refirió al Royalty Minero, señalando que en el texto actual las exenciones parten en los 85 mil millones de pesos (12 mil toneladas de cobre), monto que quizás debería analizarse.
Igual que los panelistas anteriores coincidió en que el país ha vivido demasiadas reformas durante los últimos años, especialmente porque han sido de carácter estructural, y que es necesario avanzar en mayor estabilidad en este sentido. En cualquier caso, señaló que en el mundo se han realizado más de cinco mil reformas pues se viven momentos de cambio: sociales, tecnológicos y en materia de globalización.
Información sobre los contenidos del curso, aquí:
https://aipef.cl/invitacion-curso-de-reforma-tributaria-para-periodistas-de-economia/
Revisa el video completo de la primera sesión (Gonzalo Polanco):
Presentación PDF del profesor Polanco:
Revisa el video completo de la segunda sesión (Alberto Cuevas):
Revisa el video completo de la tercera sesión (Víctor Villalón):
Santiago, miércoles 13 de julio de 2022.- La seguridad social en la propuesta de nueva Constitución fue el tema del seminario realizado por la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) en el marco del ciclo 2022 que organizan por noveno año consecutivo AIPEF y SURA Asset Management Chile.
En primer término, Guillermo Montt, Especialista Principal sobre Protección Social de la Organización Internacional para el Trabajo para el Cono Sur (OIT), señaló que la Declaración de Derechos Universal de Humanos y un total de 131 constituciones en el mundo consagran el derecho a la seguridad social concebido como un sistema de protección que involucra salud, pensiones y derecho al trabajo o a protección en caso de incapacidad; 91 de ellas lo indican como un derecho justiciable (los ciudadanos pueden reclamar su cumplimiento) y en el resto de los casos es aspiracional (no están vinculadas a ninguna exigencia). En la mayor parte de los casos, este derecho se vincula a la dignidad humana, es decir, se trata de un tema económico, pero también moral, explicó.
“Desde la OIT, los principios orientadores de la seguridad social son: cobertura universal, suficiencia y previsibilidad, sostenibilidad, financiamiento colectivo y solidaridad social, participación de los actores sociales, responsabilidad del Estado, transparencia en la gestión y no discriminación”, agregó el especialista.
Por su parte, el abogado constitucionalista y académico, Francisco Zúñiga, manifestó que el texto que se votará en septiembre próximo “tiene mirada de futuro, inspiración ideológica diversa (…) y se inspira en el respeto a los derechos sociales en el marco de un concepto más amplio que es el Estado de bienestar”, en contraposición a la Constitución vigente, que “es añeja y asigna un rol subsidiario al Estado”, manifestó el profesional de Zúñiga Campos Abogados.
En la otra vereda, el abogado Jorge Barrera, del estudio Bofill Mir, opinó que “Chile sí tiene hoy un sistema de seguridad social y que la diferencia con el texto propuesto radica en que ahora sería por mandato constitucional”.
En cualquier caso, los tres especialistas coincidieron en que texto del artículo 45 (*) que se refiere a la materia establece principios claros, pero al mismo tiempo es lo suficientemente abierto para reservar espacio a la dictación de leyes específicas y a la gradualidad de la puesta en marcha de los derechos, dejando abierta la puerta para transformaciones que sin duda demandará la modernidad, las tecnologías, los cambios democráticos futuros y la evolución económica.
La primera charla del ciclo para periodistas AIPEF- SURA 2022 fue inaugurada por Francisco Murillo, Presidente Ejecutivo de SURA Asset Management Chile, quien destacó la fortaleza de la alianza entre ambas organizaciones, que ya se desarrolla por noveno año consecutivo, con el objetivo de aportar a la capacitación periodística. Adicionalmente, se refirió al sistema previsional y a la reforma que presentará el Gobierno en las próximas semanas: “Esperamos que cuando se presente el nuevo proyecto se dé una discusión constructiva que ponga en el centro lo importante, esto es, mejorar las pensiones de las personas. Desde SURA tenemos la convicción que lo que Chile necesita es un sistema mixto potenciado, aumentando la cotización del pilar obligatorio -de 10% a 18% gradualmente-, pero al mismo tiempo incrementando el gasto del Estado, cuyo aporte equivale a 1,2% del PIB anual”.
El evento se realizó en formato híbrido; presencial, por streaming y el canal de YouTube de AIPEF y contó con la moderación del Director de AIPEF y editor económico de CNN Chile, Nicolás Paut.
Revisa el video completo del encuentro aquí: