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IMG_8013 (1)81 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos han permitido decomisar $ 6.614 millones en el país. Informe elaborado por la UAF, con la colaboración de la ULDDECO, revela que las notarías, las automotoras y los conservadores de bienes raíces siguen siendo los sectores preferidos de los blanqueadores.

En el seminario organizado por la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF, y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se dio a conocer este miércoles el Tercer Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, que analiza las 81 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2015 por el delito de lavado de activos (LA), y que involucran a 155 personas sentenciadas.

El documento, elaborado por la UAF, con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile, no solo analiza los tipos de condena sino también identifica los sectores económicos que han sido vulnerados para blanquear dinero en el país, los delitos base cometidos y los mecanismos utilizados. Todo ello constituye una herramienta cada vez más eficiente para adoptar medidas preventivas de LA o diseñar estrategias que eviten su materialización.

SENTENCIAS CONDENATORIAS 2007-2015

De las 81 sentencias condenatorias dictadas entre 2007 y 2015 por el delito de LA, un 74,1% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado; un 24,7%, a través de juicios orales, y un 1,2%, por medio de juicios simplificados.

Del total de sentencias, el 77,8% tuvo como delito precedente el tráfico de drogas, el 14,8% se distribuyó en varios delitos de corrupción, y el 7,4% se asoció con la obtención fraudulenta de créditos, el uso de información privilegiada, la entrega de información falsa al mercado y la trata de personas.

Según consigna el Informe, en los años 2014 y 2015, por primera vez, las sentencias condenatorias por LA asociadas al delito de tráfico de drogas no superaron el 50% del total, representando en los años mencionados solo el 42%. Este cambio de tendencia se relaciona, principalmente, con la incorporación de sentencias asociadas a delitos base hasta ahora inéditos, como la obtención fraudulenta de créditos, la entrega de información falsa al mercado y el uso de información privilegiada, a lo que se suma una mayor proporción de sentencias condenatorias asociadas a los delitos de corrupción.

El Informe muestra, además, que, entre 2007 y 2015, los sectores más frecuentemente utilizados por los lavadores de activos fueron las notarías y las automotoras,  seguidos de los conservadores de bienes raíces, los bancos, los corredores de propiedades, las empresas de gestión inmobiliaria y las casas de cambio. De todos estos,  las automotoras son las únicas que no están reguladas por la Ley N° 19.913 de la UAF; por tanto, legalmente no están obligadas a adoptar sistemas de prevención antilavado.

Cabe precisar que la información de las 81 sentencias condenatorias por LA fue sistematizada en 53 casos, para una mejor comprensión del fenómeno y de los mecanismos utilizados para ingresar activos de origen ilícito a la economía chilena. El análisis de esos 53 casos arrojó un total de 56 señales de alerta, siendo las más frecuentes las que dicen relación con el comportamiento de un cliente y su quehacer comercial; esto es, operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente (señal presente en 50 casos), cliente que en un corto periodo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios (45 casos), compras realizadas para terceros que permiten el anonimato en la propiedad de los bienes (36 casos), o cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados (35 casos).

A su vez, de los 53 casos esquematizados se individualizaron 6 tipologías de lavado de activos, siendo el uso de testaferros el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.  De hecho, esta tipología estuvo presente en 40 de los 53 casos analizados (75,5% del total). Más atrás se ubicaron las sociedades de fachada (37,7% de los casos), las sociedades de pantalla (17%) y las sociedades de papel (9,4%).

 

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