Ciclo AIPEF-SMA: Procesos sancionatorios en la nueva normativa ambiental

Hoy 29 de septiembre se realizó la tercera charla del ciclo de capacitación AIPEF-SMA abordando distintos aspectos del proceso sancionatorio en los proyectos de inversión, desde la formulación de cargos hasta la sanción. La capacitación, en formato online, estuvo a cargo del Superintendente (s) Emanuel Ibarra y contó con una gran asistencia de público y múltiples preguntas.

La autoridad explicó que, por recomendación de la OCDE en 2008, las multas hoy pueden llegar a a 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $7.300 millones por cada infracción gravísima. monto que antes de la actual norma, no superaban los 23 millones. La Ley permite incluso revocar permisos otorgados por incumplimientos reiterados.

“El mundo empresarial ha sido más reactivo que proactivo en estas materias” explicó la autoridad, quien recalcó que al organismo que encabeza, le interesa más que multar o revocar permisos, lograr Programas de Cumplimiento, por parte de las empresas sancionadas para mejorar sus faenas y su comportamiento ambienta. Esta vía permite compensaciones reales al medioambiente dañado, en los territorios afectados, lo que no sucede con las multas que son de beneficio fiscal”, sostuvo.

“La vinculación de las empresas con las comunidades cercanas se hace cada vez más relevante en la sustentabilidad de las operaciones, por ello, en varios Programas de Cumplimiento, hoy se establece el monitoreo participativo de las comunidades aledañas a los proyectos”, agregó.

También comentó que se encuentra en trámite en el Congreso un proyecto, que busca que los proyectos anteriores a la normativa vigente, se evalúen ambientalmente, logrando una “adecuación” a la normativa ambiental, tal como ocurre hoy en Perú por ejemplo. “Con el estado actual de cosas sucede que faenas antiguas, cualquiera sea la industria, quedan fuera del ámbito de supervisión de la SMA”, explicó Ibarra. No obstante, la SMA sí puede fiscalizar estos proyectos más antiguos, cuando hay instrumentos ambientales que les aplican, sin importar su antigüedad, como es el Plan de Descontaminación de Concón, Quintero-Puchuncaví, zona donde además aplica la Norma de Fundiciones a Codelco y la Norma de Termoeléctricas a las generadoras.

En cuanto a los sancionatorios, Ibarra explicó que el mayor número de casos va de la mano de las denuncias medio ambientales, las que se triplicaron en 2021 (6.000 en total) respecto del año anterior. Las quejas se refieren principalmente a ruidos y olores molestos, donde se concentra la mayor cantidad de sancionatorios.

La SMA tiene 17 mil unidades fiscalizables en todo el país y en variadas industrias. En total, son alrededor de 80 fiscalizadoras y fiscalizadores los que deben atender las inspecciones programadas, las que proviene de denuncias o por contingencias ambientales. La aplicación de tecnología remota y estadísticas es vital para cumplir con tan amplio catálogo de supervisados.

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